El Gobierno cuenta con las Pymes para aumentar la contratación de jóvenes y parados de más de 45 años. Por eso, concede reducciones del 100% de la cuota de la Seguridad Social para los contratos temporales y da bonificaciones de 67 a 117 euros al mes (dependiendo de la situación del trabajador), durante tres años si el contrato se vuelve indefinido.
Una de las mayores preocupaciones del Gobierno en estos momentos es la reducción del paro en España (que sigue subiendo alarmantemente hacia los cinco millones de desempleados). Esto ha le ha llevado a firmar un acuerdo social y económico con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), por parte de la patronal; y con Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), en representación de los sindicatos. Este acuerdo, ratificado el pasado 1 de febrero, incluye un plan de choque de empleo para generar hasta 100.000 puestos durante el año de vigencia.
Para conseguir el efecto deseado, se ha contado con las Pymes, que representan más del 90% del entramado empresarial de nuestro país. Por eso, se ha establecido una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, durante el primer año de vigencia del contrato, para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial con una jornada que oscile entre el 50% y el 75% de la considerada habitual. De este modo, se subvenciona el contrato a tiempo parcial, poco utilizado en España, de parados jóvenes o de larga duración, los dos colectivos que conforman el grueso del desempleo.
Mari Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo, espera que así, el peso del contrato a tiempo parcial, ahora inferior al 13%, se aproxime a la media europea del 25%. Pero la idea es que este tipo de contrato sea una transición hacia la contratación estable. La reducción de cuotas a la Seguridad Social será del 100%, si el contrato se realiza por empresas con una plantilla inferior a 250 trabajadores, y del 75%, en el caso de que las empresas tengan una plantilla igual o superior a la señalada.
Asimismo, en el acuerdo económico y social se dice que “existirán estímulos para la conversión de estos contratos en indefinidos:
A pesar de la firma entre los agentes sociales, los sindicatos hacen una objeción a la propuesta del plan de choque de Trabajo porque se bonifican tanto los contratos temporales como los indefinidos. Por su parte, los empresarios aunque lo ven con mejores ojos, piden que la bonificación de cuotas dure dos años.
La Ley de Economía Sostenible sobre la que se quiere sustentar el nuevo modelo productivo busca incentivar el papel de la industria, la energía y la innovación. Por eso, el pacto social que han aprobado el Gobierno, las patronales y los sindicatos incluye también la bonificación de las contrataciones que lleven a cabo las Pymes innovadoras. Estos beneficios forman parte de un paquete de medidas que pretende dinamizar los sectores industrial, energético e investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
La medida más llamativa que se ha adoptado es el impulso a la creación y consolidación de empresas intensivas en I+D+i a través de un estatuto de “joven empresa innovadora”. Éste se comprometerá en la nueva Ley de la Ciencia, aún en tramitación, y establecerá beneficios a dichas Pymes en su relación con la Seguridad Social. Aún queda por establecer con Hacienda los aspectos que definirán qué es una joven empresa innovadora, así como el porcentaje de facturación o las horas de trabajo destinadas a I+D. Tampoco se ha determinado la rebaja en las cotizaciones sociales que se podrán aplicar y durante cuánto tiempo y los beneficios fiscales que se contemplan. Por otra parte, el documento establece la creación de un nuevo Fondo de Capital Riesgo, dotado con 300 millones de euros de los que se podrán beneficiar esas compañías.
Otro de los aspectos que queda por desarrollar es la creación de un fondo de capitalización. Para ello, el Gobierno debe aprobar, antes del 18 de junio, un proyecto de Ley que lo regule. El objetivo es que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se constituya un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio aún sin determinar. Éste se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
Asimismo, el Gobierno, la patronal y los sindicatos han acordado la creación de un grupo de expertos integrado por 6 miembros consensuados por todos ellos. Su objetivo será pronunciarse sobre las distintas alternativas posibles para instrumentar este fondo de capitalización. Este grupo abordará: su aplicación a todos los contratos de trabajo vigentes o a los que se celebren con posterioridad a su entrada en vigor, su configuración como un nuevo derecho de capitalización individual para los trabajadores o relacionado con los costes de extinción del contrato de trabajo, el tipo de institución más adecuada para su gestión y los aspectos relacionados con su financiación.
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