XIII Encuentro Financiero
En la segunda jornada del XIII Encuentro Financiero, organizado por Expansión y KPMG, se habló sobre ‘Gestión de activos y negocio asegurador’. Entre otras cosas, se planteó el poco “acomodo” que tiene la agencia de protección del cliente financiero en el sector asegurador. Existen voces críticas que se quejan de que las aseguradoras tengan que pagar por las reclamaciones. La DGSFP solo estima el 43% de las reclamaciones que tramita. Es decir, en el 57% de ellas se estaría pagando 250 euros por algo por lo que el asegurado no tienen derecho. Asimismo, los representantes de las entidades criticaron la postura de la DGSFP sobre que no hay que subir las primas, porque en su opinión debería “estar más pendiente de la solvencia de las compañías, que de la subida de precios. Si tenemos incremento de costes, deberíamos repercutirlo en las primas”.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 121
La jornada comenzó con la intervención de Luis de Guidos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), que aseguró que “la inflación iba a continuar en torno al 10% hasta finales de año y para 2023 bajará, pero seguirá por encima de lo acostumbrado”. Además, advirtió que “como los tipos de interés están más altos a corto plazo que a medio y largo plazo, no nos podemos llevar por los efectos a corto plazo porque a largo puede cambiar el contexto”. Asimismo, apeló a la política monetaria para que contribuya a la reducción de la inflación. Por su parte, el BCE se compromete a la estabilidad de precios, para contribuir a bajar la inflación.
Tras la intervención del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, tomó la palabra Sergio Álvarez, director general de la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), para hablar del ‘Ahorro y el Seguro en incertidumbre económica’. Álvarez dijo que “la inflación influye, sobre todo, en los seguros generales, porque al optarse por la prestación de servicio, en lugar de la indemnización económica, se tiene que hacer frente al aumento de costes. Las primas no han subido tanto como el servicio porque no ha pasado el tiempo suficiente para que ese incremento de los costes se traslade a las primas”. Pero, advirtió que “el incremento de estas puede reducir su contratación”.
Por el contrario, el aumento del tipo de interés potencia la comercialización de los productos de ahorro. También conlleva “una mejora del resultado financiero, que tendrá un efecto positivo en el resultado de las empresas y permitirá compensar en parte este desfase con las primas”. No obstante, pidió a las aseguradoras que mantengan la “prudencia” y eviten “la búsqueda de rendimientos adicionales en inversiones especulativas o que tengan un riesgo mayor al que está acostumbrado el sector asegurador español” porque, a pesar del incremento de tipos, la inflación está por encima y, por tanto, “los tipos de interés reales a los que se enfrenta el sector siguen siendo negativos y hay que tener cuidado con ello”.
En este momento, en el sector hay unas 200 aseguradoras. Muchas de ellas pertenecen al mismo grupo asegurador y otras son pequeñas compañías especializadas. Solo el 15% ellas, asume el 85% del negocio asegurador. Aunque “hay un nivel avanzado de consolidación, existen niveles de competencia muy elevados, especialmente en algunos ramos”.
También hizo referencia al proceso de consolidación que existe en la distribución. “Existen unas 3.000 corredurías de seguros y se está produciendo, últimamente, un proceso intenso de integración con participación muy clara del capital privado”.
Por otro lado, Sergio Álvarez comentó la reciente advertencia de Eiopa sobre el funcionamiento del mercado de seguros unidos a los créditos, comercializados en la Unión Europea. “Entre sus principales hallazgos, señala, están los altos niveles de comisionamiento y los posibles conflictos de interés de los distribuidores vinculados a las entidades bancarias, donde pueden prevalecer el interés del banco”.
El supervisor de seguros anunció que Eiopa y el resto de supervisores nacionales trabajan en un documento de normas europeas que hagan el funcionamiento de los Unit Linked más simple a los usuarios.
Tras la mesa redonda ‘Fusiones para ganar en eficiencia y rentabilidad’, se realizó una entrevista a Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, en la que, entre otras cosas, habló sobre la creación de la agencia de protección del cliente financiero y asegurador. En su opinión, plantea ciertos interrogantes, como la entrada en el terreno de lo contencioso-administrativo o el hecho de que “la aseguradora tenga que pagar 250 euros a priori, aunque la cuantía que se reclame sea menor”.
Asimismo, trasmitió su conformidad con que “haya tres supervisores ((Banco de España, CNMV y DGSFP) porque el sector asegurador tiene muchas peculiaridades”. Además, pidió que “se refuerce más la independencia de la CNMV con respecto al Banco de España”.
Sobre la solicitud de la DGSFP de que no se repercutiera la inflación a la primas, Garralda explicó que en “Mutua Madrileña vamos a ser los últimos en la subida, pero hay que ser conscientes de que el crecimiento de los costes es casi volcánico: la subida del salario mínimo de los talleres, médicos, hospitales, el crecimiento de las indemnización en el baremo que será del 8%...”.
También abordó el tema de la diversificación del negocio que realiza la Mutua Madrileña, que la ha llevado a reducir su negocio en Autos, antes era el único y ahora ha pasado a ser el 15%. “La diversificación es esencia, es visión de crecimiento, pero no hay que caer en la distracción”, apunta. Dentro de su diversificación, la entidad está gestionando activos de los ciudadanos para mantener un patrimonio para el futuro. “Estamos en el puesto 10 de gestión de activos y seguimos creciendo”. En su opinión, “los aseguradores tenemos más independencia que los bancos”.
Tras la mesa redonda sobre ‘Los nuevos modelos de negocio de la gestión de activos y la banca privada. Una industria en transformación’. Se entrevistó a Antonio Huertas, presidente de Mapfre. Sobre la propuesta de alargar de 25 a 30 años los años de referencia para establecer la cotización de las pensiones, piensa que “no es bueno hacer la reforma por capítulos. Deberíamos tener todas las reformas a la vez y que todos pudiéramos participar en su creación”. En su opinión, el sistema público de pensiones es sostenible porque tiene el respaldo de Estado, pero “no sabemos si su cuantía sea suficiente para vivir bien”. Criticó la forma en la que se ha realizado la nueva normativa de planes de pensiones de empleo, “ya se ha hecho la deducibilidad fiscal y eso ha producido 4.000 millones de euros menos en las aportaciones en 2 años y no tenemos la alternativa de los PPE todavía”.
También se mostró crítico con la postura de la Dirección General de Seguros de que no hay que subir las primas porque “no es una posición responsable. Se debe de estar más pendiente de la solvencia de las compañías más que en la subida de precios. Si tenemos incremento de costes, deberíamos repercutirlo en las primas”. En este sentido, llamó la atención sobre el ramo de Autos: “en el ratio combinado de RC de Autos estamos en el 100%. Por lo tanto, estamos en pérdidas”.
Asimismo, criticó el hecho de tener que pagar por las reclamaciones. Le parece que no tiene “fácil acomodo” en el sector asegurador. Las aseguradoras tienen en torno a 11.000 reclamaciones, de las cuales la DGSFP tramita unas 5.200. Por cada una de ellas, habría que pagar 250 euros y la Dirección General de Seguros solo estima el 43%. Si en el 57% restante el asegurado no tiene razón, estaríamos pagando por algo por lo que el asegurado no tienen derecho”.
Posteriormente, se dio paso a la mesa redonda sobre ‘La sostenibilidad en seguros: Cómo construir un futuro de confianza’, moderada por Amalio Berbel, socio responsable de Seguros de KPMG en España, y en la que participaron: Patricia Ayuela, CEO de LDA; Antonio Trueba, CEO de MedVida; y Tomás Alfaro, CEO de Aegon.
En ella se abordó el coste que está asumiendo el seguro en el tema de inundaciones: “Mas de 2.000 millones de euros ha pagado el Consorcio de Compensación de Seguros este año y a eso hay que añadir un 70-75% más, que han pagado las aseguradoras por las inundaciones graves. Se trata de un impacto en nuestra cuenta de resultados que está producido por el cambio climático”, indica Patricia Ayuela. Por eso, anima a que las aseguradoras sean las impulsoras del cambio y ayuden a sus clientes para que tengan unas acciones menos contaminantes. “Hay que invertir en lo que es responsable, pero también rentable”, apuntó.
Antonio Trueba apunto que “hay que ser sostenible pero también rentable, porque si no se tiene los dos criterios, saldrás del mercado”. En este sentido, Tomás Alfaro apunta que los costes de sostenibilidad ambiental son difíciles de gestionar porque es difícil de cuantificar qué estamos haciendo como empresa”.
En la última mesa redonda del día participó Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; y Ángel Martínez, presidente de Inverco.
González de Frutos señaló que en un momento tan retador como el que tenemos, el Seguro ayuda “con la inversión institucional de medio y largo plazo, apostando por invertir en la propia Economía, con la financiación de proyectos nacionales; somos gestores de ahorro con visión de medio y largo plazo; además somos la primera industria en prevención y en materia de sostenibilidad…”. En su opinión, “un sector no puede ser fuerte, si su supervisor no lo es”.
Asimismo, apeló a la solvencia del sector asegurador porque “tiene un excedente de capital disponible de 2,43 veces el requerido y no ha bajado en los momentos difíciles que hemos pasado”.
Criticó el hecho de que el supervisor decida sobre si el precio del seguro es alto o bajo. “Me empieza a preocupar cierta tendencia por parte de los supervisores a exceder su ámbito natural de competencia, para entrar en ámbitos de pura regulación de mercado. La competencia tiene que fluir y si no es así, que intervengan las instituciones de competencia y no de supervisión”. Volvió a reclamar un supervisor independiente para Seguros. También indicó que le preocupa “el equilibrio entre la competencia de jurisdicciones”. Dijo que espera que la legislación “no sea más dura” en nuestro país que en los de nuestro entorno porque si es así, produciría “diferencias en las condiciones de competitividad” entre entidades locales y aquellas que tienen su sede fuera de España.
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