La patronal catalana Fepime ha reclamado medidas urgentes para eliminar trabas administrativas y reducir la presión fiscal y los costes de producción de las pequeñas y medianas compañías para frenar la destrucción de este tejido empresarial, que advierte está en situación de riesgo.
Esta organización, dependiente de Fomento de Trabajo, ha lanzado esta petición tras celebrar durante dos meses encuentros territoriales de sus asociados por toda Cataluña en los que se ha debatido sobre la situación que atraviesan las pymes, que representan el 99 % del tejido empresarial catalán.
La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, ha advertido, en conferencia de prensa, que si no se toman medidas "en breve" para facilitar la actividad a estas empresas (que en su mayoría son pequeñas o micros) la mitad de las actuales compañías pueden no existir en diez años.
"En la situación actual, la economía empieza a funcionar bien para las empresas más grandes, pero no tanto para las más pequeñas", ha subrayado, tras recordar que las pymes contribuyen a crear el 63 % del empleo y que aportan el 67 % del valor añadido bruto de la economía.
Por cada cien pymes que se destruyen, se crean 85 nuevas, según ha asegurado De Felipe, lo que augura un "declive" a medio y largo plazo de este tejido empresarial, con las dificultades que conllevará este proceso para la creación de empleo.
El perfil más común de una pyme en Cataluña es el de una compañía con un plantilla de entre uno y tres trabajadores, que presta servicios y que carece de aspiraciones de crecer, al tiempo que seis de cada diez no tiene ninguna orientación hacia la innovación y tampoco tienen vocación internacional.
A juicio de Fepime, las recetas que sirven a las grandes empresas y a algunas de las medianas no son útiles para las más pequeñas a la hora de buscar una salida a la crisis.
Así, De Felipe ha subrayado, por ejemplo, que uno de los principales obstáculos con los que se encuentran las pymes es la dificultad de acceso a las redes de fibra óptica, lo que merma su productividad, o la escasa profesionalización de sus direcciones.
Ante esta situación, reclama avanzar en la simplificación administrativa, que debe eliminar trabas a la actividad económica, y una mejora de la fiscalidad para que las pymes no tengan que hacer frente a la misma presión que las compañías de mayor tamaño.
Además, pide que se clarifique el panorama de los recursos financieros a disposición de las pymes y que se reduzcan los costes que acompañan la actividad productiva, además de una lucha más eficaz contra el intrusismo profesional.
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