El derecho al olvido oncológico incidirá en la siniestralidad y las primas

El pasado 30 de junio entró en vigor el Real Decreto Ley 5/2023 que establece el derecho al olvido oncológico de los ciudadanos que quieran contratar seguros y productos bancarios, una vez transcurridos 5 años desde la finalización del tratamiento sin recaída. Una normativa de la que se congratula el sector asegurador, pero ante la que las compañías aún tienen que adaptar sus formularios, revaluar los riesgos y comprobar su impacto en la cartera, ya que, presumiblemente, aumentará la siniestralidad y, a la larga, pueden encarecerse las primas.

Desde su experiencia como correduría especializada en Vida Riesgo, Juan Betés, CEO de PuntoSeguro, admite que sí que han notado algunos cambios por parte de las aseguradoras, que ya están especificando de otra manera las preguntas de salud relacionadas con los antecedentes médicos, acotando mucho el período a los últimos 5 años y ya no solo para temas relacionados con el cáncer: “Esto es un cambio importante porque, antes, muchas de ellas no concretaban esta duración”, argumenta, aunque refiere que es su caso, que solo hacen pólizas online. Ahora bien, reconoce que también existen aseguradoras que, de momento, siguen haciendo las preguntas de la misma manera, que no están dando plazos cerrados: “No sé si es un tema de falta de comunicación con los mediadores de las nuevas preguntas o que no han tenido tiempo suficiente para adaptarlas conforme al Real Decreto”, comenta.

“Han debido empezar a aplicar los cambios en las pólizas por internet, en los formularios web, porque en los cuestionarios no hemos visto cambios aún”, puntualiza Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), para quien resulta fundamental que las compañías cambien cuanto antes los términos de los cuestionarios para introducir el plazo y evitar la discriminación. Con todo, ante esta nueva ley le surge una nueva preocupación que es hasta qué punto todos los datos que han recabado las aseguradoras de todos los cuestionarios anteriores los están suprimiendo, “porque entiendo que ya no hay legítimo interés y deberían eliminarlos, dado que ya no aplica”.

Nuria Gutiérrez, European Financial Advisor de Getino Finanzas, admite que en su correduría no se ha detectado ningún cambio en cuanto a modificaciones en cuestionarios de salud o que se esté informando de alguna manera o haya habido alguna campaña, aunque lo justifica porque la normativa es todavía muy reciente “y aún no han tenido tampoco mucho tiempo de reacción las aseguradoras”.

Con todo, las compañías tendrían que tener claro que lo más importante es la flexibilidad, según José Miguel García, director de Previsión Social de Filhet Allard MDS Correduría, toda vez que cualquier cambio de estilo puede llevar meses, pero al asegurado hay que atenderle desde el primer momento, especialmente en el negocio individual que, dependiendo del volumen que maneje la entidad, puede ser más o menos complejo. A su entender, el mayor problema puede surgir en los seguros colectivos, en los que, normalmente, se establecen los free cover para coberturas altas. Sobre todo, en el caso de directivos, ya que se pueden encontrar con clientes que tengan hasta un millón de euros asegurados. “En el caso de capital alto, la cosa se complica todavía más y, por eso, los equipos actuariales presionan, aunque el equipo comercial de cada aseguradora está más por la labor de aceptarlo cuanto antes, porque se pueden perder clientes, si no se adaptan respecto a otras compañías”, asegura.

Aumento de la siniestralidad

Aunque todos los participantes de la mesa redonda de PymeSeguros están convencidos de las bondades de esta normativa para evitar la discriminación, también admiten que, probablemente, conllevará un aumento de la siniestralidad. “Para las compañías es un rompecabezas que tienen que resolver porque los actuarios necesitan prever lo que va a suceder y no es sencillo con esta nueva ley”, reconoce Juan Betés. Con el paso del tiempo, también se comprobará si se va a producir una readaptación de las primas, dado que el riesgo puede crecer. Ahora bien, también asegura que Vida Riesgo es un producto con muchísimo margen y con la siniestralidad muy baja (en torno al 30-35%), a lo que se une que las personas cada vez viven más años: “Estoy convencido que las cuentas les siguen saliendo, pero cada compañía tendrá que hacer sus cálculos y ver un poco cómo lo afrontan”, asume.

“Los análisis de siniestralidad en el momento que esto se aplique cien por cien creo que van a cambiar”, propone José Miguel García, para quien esta ley es esencial: “No podemos quedarnos anclados en el pasado y no asegurar con un seguro de Vida a una persona que está totalmente curada”, ratifica. Además, aboga por que la ciencia está avanzando mucho y se puede aplicar el estudio genético para la medicina preventiva, lo que aportará todavía más datos para que un equipo actuarial pueda decidir si una persona es apta para un seguro o no.

En este sentido, Nuria Gutiérrez cree que las leyes han empezado con el tema del derecho al olvido oncológico, pero que existen otras enfermedades más frecuentes entre la población, que también habría que empezar a considerar: “Este real decreto es un guiño hacia la enfermedad de cáncer, pero estaría bien que haya esa evolución y que sea algo dinámico, no algo estático”, afirma.

“Me gustaría que se aplicara a más enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que cada vez es más común la de tipo 1, y me gustaría que esto también se trasladara a las compañías de Salud”, añade García. “Sería bueno que dentro de poco tiempo también cuando alguien quiera contratar una póliza de Salud pueda contemplarse, porque en un colectivo grande todavía te lo pueden aceptar, pero una persona que vaya a contratar un seguro individual si tienes ciertas patologías, por mucho que quiera pagar prima, no le aceptan”, arguye.

No obstante, en Salud las personas con ciertas dolencias lo que quieren es poder acceder con más facilidad a los profesionales que en la Seguridad Social, que se dilata más, como explica Gutiérrez, quien matiza que al menos en Salud solo te podían rechazar el cuidado de esa enfermedad o te daban plazos de revisión, mientras que en Vida te rechazaban la totalidad.

Como recuerda Patricia Suárez, se están haciendo seguros de Vida a una población en la que conviven asegurados muy enfermos con otros muy sanos, por lo que el margen resulta elevado. Admite que seguramente se va a incrementar la siniestralidad porque antes la contratación era más restrictiva y ahora se está ampliando el marco de contratación. Esto va a suponer una reducción del margen de beneficios, “pero partiendo de un margen muy amplio, por lo que no creo que deba ser algo que les preocupe a las aseguradoras”.

“Desde nuestra posición como corredores, a nosotros solamente nos importa que el cliente pueda optar a contratar ese tipo de producto”, concluye la European Financial Advisor de Getino Finanzas.

Tardanza en la transposición

Respecto a la tardanza en cumplir la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el Refuerzo de Europa en la Lucha contra el Cáncer, Suárez alude a que en España las directivas comunitarias nunca se trasponen de manera rápida: “Siempre llegamos tarde”.

Además, el director de Previsión Social de Filhet Allard MDS Correduría, alude a que en las aseguradoras es complejo cualquier modificación que se haga, por mínimo que sea, puede llevar semanas. “Un cambio de este estilo, evidentemente implica tiempo. Es algo delicado y tienen que haber varios equipos coordinados para cambiar algo así, por la repercusión que puede tener para la compañía”, añade. Y pide empatía a los corredores, dada la relevancia del papel de las aseguradoras, ya que por mucho que ellos quieran que el cliente esté cuidado, si la compañía no tiene buenos resultados, los mediadores tampoco van a poder ofrecer buenas condiciones.

Las aseguradoras se han quejado, a través de Unespa, de que no haya existido diálogo previo a la aprobación del Real Decreto Ley del olvido oncológico y no se les ha avisado con tiempo. En este sentido, José Miguel García, director de Previsión Social de Filhet Allard MDS Correduría, también está de acuerdo en que se debería haber consultado al sector asegurador antes de aprobarlo. Sobre todo, respecto a qué implicaciones tendría para los resultados de la compañía.

La presidenta de Asufin, sin embargo, considera que, dado que la normativa comunitaria es de 2022 y que se da un plazo hasta 2025 para su aplicación por parte de las compañías, el período es aceptable. En este sentido cree que la queja de Unespa viene no tanto porque no se hayan escuchado sus reclamaciones, sino porque estas no hayan sido tenidas en cuenta y recogidas en la norma: “Somos los consumidores a los que nos cuesta muchísimo trabajo ser escuchados porque no tenemos en el presupuesto ni el asesoramiento ni la capacidad que tiene la industria aseguradora de hacerse escuchar”, protesta.

De hecho, ella considera que esta normativa es un avance importante, ya que no hay márgenes para la interpretación en contra de los derechos de los consumidores, como sí ocurre con las disposiciones cuarta y quinta de la Ley de Contrato de Seguro, que aunque prohíben la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes a los habitualmente utilizados por la aseguradora o la imposición de condiciones más onerosas por razón de discapacidad u otras condiciones de salud, en la práctica no se aplicaban para estos casos. En este sentido, valora la inclusión en el texto de la palabra “cáncer” de modo que ninguna compañía tiene modo de eludirla, además de incluir el criterio técnico de los 5 años, “que yo creo que esto sí que es relevante, porque de esa manera se aporta claridad y deja menos margen a la interpretación”. Además, se congratula de que, a pesar de la convocatoria de elecciones, este Real Decreto se aprobase y no quedase en el aire.

José Miguel García, que estuvo 20 años trabajando en aseguradoras, comprende la queja de Unespa sobre la falta de diálogo antes de aplicar la ley, porque da la impresión de que son las compañías las malas, que no quieren aplicar la normativa porque van a tener resultados malos, pero esta reticencia viene más por temas de operatividad y la escasez de tiempo: “Habría sido bueno tener la información de esta ley con antelación para adaptarse”. A su entender, de repente les ha venido esta normativa y a la parte técnica “le ha entrado el pánico”. No obstante, cree que dentro de las aseguradoras todo el mundo está conforme con la misma, pero tiene que prevalecer el resultado técnico.

“Creo que es bastante importante que se hubiera escuchado a todas las partes y, sobre todo, que hubieran hecho un régimen transitorio para dar tiempo a las compañías a cumplir”, secunda Betés, a fin de eludir situaciones evitables “porque en capitales muy altos, por ejemplo, la compañía no es que no esté por la labor de cumplir la ley, es que no sabe ni cómo hacerlo”. Con todo, valora mucho el articulado, ya que mientras en la normativa comunitaria el plazo que daban a los mayores de edad era de 10 años desde el momento de superar el cáncer, en España se ha reducido a 5, “con lo cual es mucho más protector para los consumidores”. “Por una vez hemos ampliado derechos, que es algo muy positivo”, confirma.

Adaptación de la actividad actuarial

Respecto a cómo se compagina la actividad actuarial, que discrimina para establecer grupos de riesgo, con la aplicación de esta ley, García afirma que, en teoría, “debe ir adaptándose a las circunstancias de la sociedad, para aplicarlo a una prima”. En esta línea, asegura que en algunas compañías de Vida o de Salud se han contratado incluso a antropólogos para conocer estos cambios, y no solo aplicando big data: “Tiene sentido porque tienes que ver cómo se van a ir aplicando los cambios sociales a lo que tú aseguras; cuando aseguras a personas tienes que saber las cosas más básicas, como cuál es la esperanza de vida o dependiendo de las provincias o las profesiones. El equipo actuarial lo que tiene que hacer es en cada momento aplicar la prima a ese riesgo”, explica. Lo que hay que hacer, a su entender, es aplicar ese mayor o menor riesgo de siniestro: “Es posible que la prima suba, pero no puedes excluirlo”, añade.

A Patricia Suárez, presidenta de Asufin, le preocupa que para ser más precisos con esa detección del riesgo se requiere del uso de la inteligencia artificial, que se alimenta de los datos: “El problema es que se cotejan sobre todo los datos de los últimos 10 años y la sociedad de hace 10 años no es la sociedad de ahora”, aprecia. De ahí que le parezca muy interesante que algunas aseguradoras usen antropólogos o, incluso, geólogos a consecuencia del cambio climático, o sociólogos a propósito de la globalización y de cómo impacta. De este modo, no solo se cuenta con el equipo actuarial y sus matemáticas o los técnicos con su big data, “sino perfiles que puedan dar el matiz y que puedan depurar mejor”. En concreto, en el caso de la inteligencia artificial cree que es importante porque acelera los procesos, mejora muchísimo todas las tramitaciones y todos los cálculos, “pero de la misma manera que multiplica todo lo bueno, también multiplica el error en el caso de que aparezca”, que puede desencadenar en una situación de exclusión o discriminación. “Esta eventualidad no es buena para ninguna de las partes porque, al final, excluir una parte de la población es excluir una parte del mercado y es perder una oportunidad de negocio”. “En todos los ámbitos, no solo en el asegurador, la inteligencia artificial tiene muchísimo recorrido de mejora para evitar la discriminación”, resalta.

En cualquier caso, recuerda cómo, anteriormente, en el seguro se produjeron casos de eludir la discriminación y las aseguradoras lo superaron sin problemas. Por ejemplo, cuando se dejó de diferenciar entre los hombres y las mujeres en Autos, ya que históricamente las mujeres habían tenido mejores primas porque tenían menos siniestros al volante. “Al final, el espíritu del seguro es precisamente la mutualización del riesgo”, reconoce. Cree que las compañías disminuirán el margen, pero no excluirán, y lo compensarán incrementando la prima o acotando el riesgo de tal manera que, al final, se consigue lo que efectivamente se busca con un seguro, que es “asegurar al máximo el número de personas posibles frente a los riesgos a los que se enfrentan”. “Al final, considero que hay que ser generosos y beneficiar a más colectivos, que es lo importante”, incide.

De hecho, el director de Previsión Social de Filhet Allard MDS Correduría rememora que la adaptación cuando se aplicaron las tablas unisex en Vida ya fue un cambio importante para los equipos actuariales porque de repente años de cálculos “hubo que tirarlos a la basura”, porque históricamente las mujeres han vivido más que los hombres.

Por eso, Nuria Gutiérrez, European Financial Advisor de Getino Finanzas, ve muy positivo esta nueva ley y que se haya aplicado de manera tan rápida: “Es un empujón que es necesario y las aseguradoras van a encontrar la forma de no perder dinero. Y que las personas podamos tener seguros de Vida a pesar de esa inseguridad que te crea esa enfermedad”, asegura.

Actualización del riesgo

Al final, según el CEO de PuntoSeguro, es un proceso en que todo el sector, aseguradoras y mediación, tendrán que adaptarse y buscar nuevas fórmulas de aseguramiento y diversificar el riesgo de otra manera, revaluando los productos en beneficio del consumidor: “Se trata de asegurar al máximo número de personas y que puedan vivir tranquilas”, comenta, ya que es el objetivo final de los seguros. De ahí que inste a las aseguradoras a comprobar la siniestralidad real, ya que hasta ahora han adoptado ciertos parámetros por prevención, y que vayan ofreciendo coberturas que den un valor añadido, “pues llevarán la vanguardia y seguirán haciendo muy buenos números”.

Por eso, Juan Betés cree que más que discriminar, se puede compensar a los clientes que hacen bien las cosas. Por ejemplo, a aquellos asegurados que se cuidan y hacen ejercicio, ya que gracias a eso viven más y están más contentos, por lo que pueden tener menor siniestralidad: “Al final, es una cuestión de entender el riesgo, de saber lo que va a costar un siniestro y, a partir de ahí, proponer soluciones más o menos innovadoras”, matiza, “dando soluciones particulares a cada persona”. Así, cree que hay que asegurar a todo el mundo, pero las aseguradoras pueden preferir un perfil de cliente porque se cuide más y compensarle por ello.

“Una cosa es excluir y otra cosa es encarecer”, aprecia Patricia Suárez, ya que una persona que se cuida más, está disminuyendo sus riesgos, por lo que las aseguradoras pueden valorarlo: “Si tú te cuidas, te bonifico, por ser proactivo”, resume.

De hecho, José Miguel García, director de Previsión Social de Filhet Allard MDS Correduría, cree que esa es la vía por la que se está encaminando el sector, con todo el tema de la digitalización, creando entornos donde sea perfectamente visible el estado de salud del asegurado y que se vaya adaptando la prima a esa situación, pues puede haberse reducido su riesgo adoptando mejores hábitos. “Se están adaptando a unos entornos que yo creo que dentro de unos 5 años casi todas las compañías de Vida y Salud valorarán”, augura.