El seguro agrario debe adaptarse a la nueva realidad climática para ser rentable

El cambio climático está golpeando de lleno la situación en el campo, lo que redunda en la siniestralidad del ramo agrario, que en 2023 marcó su récord histórico. Ante los eventos meteorológicos, cada vez más extremos, el sector aboga por la adaptación de los cultivos y los seguros, en cuanto a primas y coberturas, así como la colaboración de todos los implicados para garantizar la sostenibilidad del sistema.

“La siniestralidad año tras año se está incrementando”, reconoce Silvia Marques, directora del área de Producción y Comunicación de Agroseguro, lo que está directamente relacionado con el cambio climático “y es imposible controlar el clima”, por lo que en ese aspecto desde el sector no se puede actuar. Ahora bien, considera que hay que buscar formas de revertir la siniestralidad para conseguir el equilibrio del seguro agrario. En esta línea, aprecia que se está siendo muy cuidadoso en la configuración de los productos y la inclusión de las coberturas, así como en la eficacia de la técnica actuarial. De ahí que no defienda una subida indiscriminada de las primas, sino una evaluación de la cartera identificando a los clientes “que tienen un comportamiento menos rentable de forma reiterada” para formalizar sobre ellos un cambio en coberturas y primas. “Para volver a llevar el seguro agrario a la estabilidad, a la rentabilidad, Agroseguro y todos los actores tenemos que poner de nuestra parte, incluso los agricultores, buscando formas de proteger sus cultivos en el día a día”, concluye.

“Los agricultores que tienen una siniestralidad elevada y sistemática, año tras año, demuestran que ese tipo de explotaciones no son viables per se y el seguro no debe colaborar a mantener activas explotaciones que no son viables”, corrobora José Antonio Hurtado, subdirector de Seguros Agrarios del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Coincide en que sobre la situación climática no se puede hace nada, por lo que “la única manera de reducir la siniestralidad es a través de la adaptación de los cultivos para minimizar sus daños”. Y, en paralelo, los aseguradores también tienen que adaptar su producto a la situación real, cambiando las primas y las garantías.

Ahora bien, como comenta Pedro Mayorga, director de ACM Seguros, a diferencia de otros seguros generales en los que una compañía puede negarse a coger un riesgo de un asegurado, “el seguro agrario es un derecho del agricultor”, al que hay que ayudar a tomar la decisión de qué cultivar, porque no se le puede dejar que cultive lo que quiera y luego no queramos asegurárselo”. Por ello, propone definir mejor cuáles son los cultivos o las producciones que no son viables, previamente.

Como agricultor, Ignacio Molina, director técnico de Insufese, señala que en el campo han tenido que afrontar en los últimos años subidas “escandalosas” de los precios en distintos inputs, que también se ha producido en los seguros. En este sentido, critica que durante mucho tiempo desde el propio sector se ha denunciado que el sistema no ha tomado las medidas adecuadas para atajar la incidencia sobre los agricultores y ganaderos con alta siniestralidad reiterada en el tiempo. Así, denuncia que en determinadas ocasiones la propia administración, “equivocadamente”, ha favorecido la implantación de cultivos y el agricultor, “llamado por esas subvenciones o ayudas”, ha implementado un cultivo que desconocía y que no estaba adaptado. Aboga, en esta línea, al igual que Feagro, por universalizar el sistema para que todos los actores del sector estén implicados. “El sistema es viable, si bien es verdad que hay que adoptar límites o parámetros que favorezcan el que se mantenga en el tiempo, porque ha demostrado, después de 40 años, que si se adapta seguirá siendo tan útil y tan válido como hasta ahora”, afirma.

Carmen Sánchez, directora adjunta de Enesa, redunda en que nos encontramos en un contexto climático con una incidencia a nivel global en todos los sistemas agroalimentarios en general, y en nuestro seguro agrario en particular, como se puede constatar en la elevada siniestralidad de 2023 (la mayor de los 45 años del seguro agrario), con casi 1.200 millones de euros en indemnizaciones cuando se cierren los datos. Pero a su entender la problemática no es el ejercicio pasado, “que podía haber sido absorbido por el sistema, como en anteriores ocasiones, si hubiera sido un año anómalo o excepcional, el problema es cómo ha cambiado el patrón de siniestralidad en los últimos años”, asegura. Ya que, observando los datos históricos del seguro, los años de elevada siniestralidad coincidían con grandes sequías y luego venían periodos de 5-7 años donde el sistema se recuperaba. Se observa que este patrón ha cambiado a partir de 2017, con siniestralidad creciente, siendo 2023 y 2022 los años de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario.

Medidas de adaptación

Además, este aumento de la siniestralidad no se debe exclusivamente a un mayor valor de la producción asegurada, ya que enfrentando la siniestralidad al capital asegurado la ratio media en las últimas décadas se situaba en el 2,4%, mientras que en 2023 ha sido del 7% y una media del 5% desde 2017. “Comparando distintos periodos, por ejemplo, los sexenios 2006-2011 frente a 2017-2022, ha habido un aumento de siniestralidad de más del 40%, el aumento del capital asegurado algo menor pero casi en la misma medida, mientras que las primas han subido solamente un 13%”, relata Carmen Sánchez. Eso ha dado lugar a un sistema en desequilibrio, porque, las primas no han subido en la misma medida que la siniestralidad y el capital asegurado. Es esperable que, en el actual contexto climático, los daños sobre las producciones agrarias aumenten. Por eso, es fundamental la adopción, por parte del sector, de las medidas necesarias para disminuir la exposición al riesgo, puesto que la transferencia del riesgo al sistema de seguros no puede ser ilimitada.

De ahí que respalde llevar a cabo medidas de mitigación y adaptación por parte del sector productor para que las explotaciones sean viables por sí mismas: “Cuanto menor transferencia de riesgo se realice al sistema, menor será la siniestralidad que este recoja; el seguro debe responder a las explotaciones viables en situaciones que escapan a su control y comprometen su continuidad, pero no garantizar la permanencia de aquellas que sufren daños, los mismos daños, de manera reiterada y reincidente año tras año”, concluye.

En concreto, sobre la adaptación de los cultivos, Ignacio Molina redunda en que la propia situación económica y social ha generado la necesidad de implementar determinados cultivos en algunas zonas que no correspondía y el agricultor también ha incurrido en el error de introducir algún cultivo donde realmente la experiencia no era la adecuada por la edafología y la climatología: “Estamos implementando las medidas necesarias para que el sistema corrija esas situaciones”, atestigua. En cualquier caso, valora que “son circunstancias puntuales. Esto no quiere decir que en este país se esté cultivando de manera descontrolada, cualquier tipo de producción”, como las variedades subtropicales en Andalucía.

Y, aunque la incidencia en el sector agrario del clima es evidente, Sánchez apuesta por disminuir la vulnerabilidad de las explotaciones y aumentar su resiliencia, lo que supone en ocasiones optar por variedades que muchas veces no son las más productivas o rentables, pero sí más resistentes. Otras medidas, como la adaptación de los periodos de siembra y recolección, medidas antiheladas, antigranizo, lucha contra plagas y enfermedades, etc., son fundamentales para disminuir los efectos negativos en las explotaciones.

“El cambio climático lo que va a hacer, seguramente, es disminuir las producciones porque avanzarán los climas desérticos en la península”, reconoce José Antonio Hurtado, pero ni siquiera con ciertas medidas como la adaptación de variedades o las técnicas de cultivo se van a poder mantener las productividades que estábamos obteniendo hace 10 o 15 años. De este modo, opina, que el sector tiene que ayudar al productor a irse adaptando, pero no podrá garantizarle lo mismo que hace años: “Si el seguro aprieta un poco las condiciones de prima y garantía, propicia que el propio agricultor tenga que adaptarse a la realidad climática”. A su entender, los productores ven el seguro como una ayuda, en vez de una herramienta para gestionar el riesgo. Por eso cree que hay que desterrar la idea que tienen muchos asegurados de que para que el seguro sea interesante la diferencia entre lo que se cobra por indemnización y lo que se paga por prima, año tras año, tiene que salir positivo: “Eso sería una ayuda y estamos ante un seguro que tiene que hacer valer la técnica actuarial para que siga siendo una herramienta útil para todo el sector productor”, concluye.

Cifras de récord

Sin embargo, Molina disiente en algunos aspectos. Considera que el I+D+i en el sector agroalimentario español ha evolucionado mucho para hacer frente a factores climáticos y el seguro debe adaptarse, implementando tecnologías que están facilitando cultivos intensivos que faciliten la productividad y los rendimientos “que incluso eran impensables hace años”. “Estamos todos de acuerdo en que las capacidades productivas son las que son, pero estamos encontrando alternativas, gracias a la investigación, el desarrollo y la innovación de variedades de cultivo; las condiciones extremas a las que se han llevado a esas semillas inducen a que respondan en mejores circunstancias a la implantación en secano, pongo como ejemplo variedades resistentes a la sequía”, señala. Reconoce que hay otros factores externos que pueden influir, como las aportaciones por parte de las Administraciones Públicas, cuya política varía y genera inestabilidad. “El sector agrícola-ganadero de este país se ha sabido adaptar tremendamente a las circunstancias, pero entendemos que el futuro nos está demandando a todos activar las neuronas para que utilicemos los medios y tengamos la capacidad de que el impacto climático no vaya a más”, asegura. De ahí que inste al sector productor a estar implicado y mejorar los niveles de aseguramiento de ciertas variedades. No obstante, se congratula de que, a pesar del crecimiento de la siniestralidad, también se ha producido un auge de los ingresos por primas, que por primera vez han pasado de los 1.000 millones de euros, lo que denota que el sector se está implicando en todos los sentidos.

Silvia Marques confirma que “2023 es el año de todos los récords en el seguro agrario”, tanto en siniestralidad y recibo de prima, como en capital asegurado que se acerca bastante a los 17.000 millones de euros. “El cambio climático lleva también a que los agricultores y los ganaderos sean bastante conscientes de él y se quieren proteger, por lo que se acercan al seguro y contratan su póliza”, se alegra. En este sentido, comenta que a finales del mes de diciembre se ha cerrado la contratación de la campaña de 2024 de cereales, de la parte otoñal que es donde están los módulos con las coberturas más completas y se ha incrementado un 10% la contratación en comparación con el año anterior, porque los agricultores se van mentalizando de la necesidad de asegurarse ante toda la situación climática que se está viviendo.

Con respecto a la subvención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al seguro Agrario, la directora adjunta de Enesa destaca que actualmente el nivel de apoyo es el más alto de las últimas décadas ya que desde 2021 el Gobierno realiza un incremento continuo de las subvenciones, que llevaban estancadas durante años, en 211 millones de euros. La dotación presupuestaria para el actual plan de seguros agrarios es de 284 millones de euros, por lo que el presupuesto crece un 10% con respecto al presupuesto ordinario del año anterior, es decir en 26,8 millones de euros. Además del incremento continuo del presupuesto para los planes anuales de seguros, hay que recordar dos medidas extraordinarias de apoyo del Gobierno al sector agrario y que han resultado de vital importancia para nuestro seguro. El incremento excepcional de 60 millones de euros incluidos en el Real Decreto Ley de 2022 entre las medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía y a las consecuencias de la guerra en Ucrania y la subvención extraordinaria de 40 millones de euros adicionales del Real Decreto Ley de 2023 para las pólizas de seguro con cobertura de sequía, por lo que los agricultores sólo han asumido el 30% del coste de estas pólizas. Con este importante apoyo a nivel central, al que hay que sumarle las subvenciones de las comunidades autónomas y, teniendo en cuenta que hay un límite máximo de apoyo establecido por la UE que no podemos sobrepasar, el balance para los asegurados es positivo año tras año. Como ejemplo, en 2023 con indemnizaciones cercanas a los 1.200 millones de euros y un coste del seguro, como se ha comentado, que supera los 1.000 millones de euros, se ha subvencionado el 52% de este coste entre el Ministerio (39,6%) y las comunidades autónomas (12,7%).

Estabilidad del sistema

“El gran reto del sector agrario es el cambio climático ya que es el sector económico más vulnerable y el más expuesto al mismo”, redunda Carmen Sánchez, directora adjunta de Enesa. Actualmente la evidencia científica no muestra proyecciones sobre el calentamiento global, sino que los datos ya son constatados, observados. En España los estudios muestras cambios en el comportamiento de precipitaciones, temperaturas y zonas climáticas destacando la irregularidad en las precipitaciones, con concentración de lluvias torrenciales en menos días y aumento de los periodos secos (sequias), y aumento de temperaturas, en especial las mínimas, y frecuencia de las olas de calor y, lo más preocupante, es la combinación de ambos patrones cambiantes: ausencia de precipitaciones y aumento de temperaturas. A su entender, el impacto de los efectos del cambio del clima sobre el sistema de seguros dependerá de la efectividad de las medidas adoptadas siendo necesaria la intervención de todos los actores que componen el sistema para que el seguro agrario continúe siendo una herramienta de gestión fundamental para nuestro sector agrario y esto se consigue garantizando su sostenibilidad técnica y financiera a la vez que se adapta a las necesidades del sector productor.

En el caso de las Administraciones Públicas eso pasa por seguir apoyando a través de las subvenciones al seguro agrario y la coordinación entre las distintas administraciones. Por parte de las aseguradoras, garantizando un sistema sostenible, no solo con aumento de primas, que en algunos casos no es la solución, sino también adaptando las coberturas. Asimismo, salvaguardando el reaseguro público por parte del CCS. Y en el caso de los productores, desarrollando medidas de adaptación y mitigación. “Esta es la única manera; todos los actores del sistema trabajando hacia la misma dirección y, sobre todo, garantizando la solvencia técnica y financiera del sistema. Tiene que ser sostenible porque un sistema que no es sostenible está abocado al fracaso”.

Pero para Marques la tensión en el sector no se debe exclusivamente a la evolución climática, sino que también se produce en el diálogo entre todos los actores, lo que se traduce en críticas destructivas contra el sistema, cuando se requiere una adaptación de todos: “Deberíamos intentar gestionar la forma en cómo dialogamos, porque todos los actores estamos para garantizar la viabilidad del sistema y que el seguro agrario y la protección de los agricultores y ganaderos esté aquí hoy y en 200 años”, propone.

“Tenemos que ser capaces de conseguir un sistema en el que las administraciones, tanto central como autonómica, puedan apoyar y que genere estabilidad tanto para agricultores como para aseguradores y el CCS como reasegurador”, estima Pedro Mayorga. Por eso, propone “ser valientes” ante este exceso de siniestralidad y buscar otras fuentes de financiación, pues con los pequeños incrementos de las administraciones a lo mejor no es suficiente.

Mayorga también comparte la idea de que a pesar del año tan malo que ha sufrido el campo, muchos agricultores siguen sin contratar un seguro, por lo que hay que conseguir una masa de aseguramiento mayor. El problema, a su entender, es que por un lado la gente joven no quiere dedicarse al campo, que se ha quedado como una actividad algo marginada, y que el agricultor experimenta muchas presiones financieras y de incremento de costes, “que hace que al final el sistema del seguro agrario se convierte muchas veces en un problema cuando realmente tiene que ser una solución”. Opina que hay que avanzar “más allá de adaptar las primas a la siniestralidad, ya que el exceso de siniestralidad hace que muchas veces el propio seguro sea inviable para muchos agricultores”.

Garantía no prorrogable

Sobre el porcentaje de siniestralidad que asume el CCS, Hurtado explica que la capa complementaria de seguro del CCS se implementó a través de una orden ETD/600 del año 2022 y es transitoria y variable en función del nivel de las reservas de los grupos A y B que mantienen las compañías del coaseguro. Su origen está en el cambio de la siniestralidad a partir de 2017, que se desbocó: “En esa situación de alta siniestralidad, las reservas de estabilización, a las que están obligadas las compañías del cuadro, estaban a unos niveles muy bajos”, precisa. En ese momento, Agroseguro planteó la posibilidad de elevar los recargos de seguridad que previamente habían sido disminuidos hacía unos años con la bajada de las subvenciones y por algún cambio también en la capa normal de reaseguro del CCS. Valora que eso habría sido lo técnicamente correcto, porque esas reservas de estabilización se dotan con este recargo de seguridad. Sin embargo, la situación de los costes de producción en ese momento, que estaban disparados en todos los sentidos, aconsejaba no elevar esos recargos de seguridad que inciden directamente sobre el coste del seguro y, por tanto, sobre el coste al tomador. “Y se consideró que no era conveniente en esas circunstancias de elevación de los costes de producción”, añade. En definitiva, la Dirección General de Seguros, junto con Enesa y el CCS, acordaron proveer a los seguros de esta capa adicional de reaseguro, de manera que, sin que se produjera una elevación del coste del seguro, las compañías del cuadro pudieran dotar adecuadamente sus reservas de estabilización. En 2022, gracias a esta capa de reaseguro, la reserva de las compañías se elevó. En 2023 ha vuelto a actuar la capa adicional de reaseguro porque la reserva seguía en unos niveles no óptimos. “Y con ello se ha conseguido que las reservas no crezcan, porque el resultado ha sido muy malo, tanto en las líneas experimentales como en las viables, pero por lo menos se mantienen por encima de cero, que seguramente habrían llegado a cero si no hubiera existido esta capa adicional de reaseguro”, resume.

Ahora bien, sobre la posibilidad de que siga incrementándose esta garantía, el subdirector de Seguros Agrarios del CCS asegura que, en principio, no será así. Aunque está prorrogada para el plan del año 2024, no va a incrementar su garantía porque ya las propias reservas de estabilización del Consorcio se están viendo “más que mermadas”. En este sentido, enumera que después de los 480 millones que va a abonar este año a Agroseguro como exceso de siniestralidad frente a unas primas de unos 62, la reserva de estabilización se va a quedar reducida a unos 350 millones: “Con este nivel si se repitiera el resultado económico de 2023, este año nos quedaríamos con la reserva prácticamente a cero”, resume. En definitiva, señala que las reservas de Agroseguro y las de las compañías siguen a unos niveles demasiado bajos a pesar de la capa adicional de reaseguro del CCS y lo técnicamente adecuado es que se eleven los recargos de seguridad que aplica Agroseguro, “ya que no podemos olvidar que su objetivo es garantizar que los aseguradores puedan hacer frente a sus compromisos de indemnización en años especialmente malos”.

Mejorar la comunicación

Con independencia del papel del CCS, el director de ACM Seguros se queja de que el agricultor no conoce lo suficientemente el seguro agrario. “Estamos en un sistema en el que la responsabilidad de la comunicación la tiene Agroseguro y las entidades aseguradoras, como coaseguradoras”, aprecia. Sin embargo, estas apenas comunican y delegan la comunicación y el conocimiento en aquella, que tampoco tiene capacidad suficiente como para llegar a todos los corredores de España. “Cada compañía se preocupa de comunicar cada uno de sus productos de seguros, montar estrategias, dar formación; eso en el seguro agrario no existe, lo delegan en las acciones de comunicación de Agroseguro, que no puede llegar a todos los mediadores. Nosotros lo conocemos gracias a estar ahí, a Enesa, a nuestra organización cooperativa, a nuestra representatividad por nuestros cooperativistas…”, protesta.

Además, como resalta el director técnico de Insufese, la deficiencia de información viene también motivada por la edad. En la agricultura de este país, la media de edad se sitúa por encima de los 60 años: “Es muy difícil ya no informarles, sino a que sean conscientes de la realidad de qué es lo que supone el seguro”, advierte. Por el contrario, ahora mismo los fondos de inversión están apostando por grandes explotaciones y buscan una gran rentabilidad, por lo que actúan y se informan para que no se echen a perder los cultivos en los que han invertido. Todo esto genera una dicotomía entre esos grandes inversores y lo que es la cultura tradicional de la agricultura, donde todavía hay un déficit muy importante de formación, “a pesar de los grandísimos esfuerzos que hace Agroseguro, desde las administraciones nacionales y autonómicas, y las organizaciones del sector”.

“El seguro agrario es muy particular y, por eso, tiene su propia estructura, pero no creo que haya cultivos que no se aseguran por desconocimiento”, replica Carmen Sánchez, porque mientras en algunos, como frutales, se asegura el 80% de la producción, o el cereal por encima del 70%, otros como el olivar apenas llega al 11% y nunca en la historia del seguro se ha logrado mayor implantación pese a los enormes esfuerzos de mejora de la línea de seguro. Explica que una de las funciones de Enesa es la divulgación y fomento del seguro agrario, para lo que dan charlas divulgativas y colaboran con las organizaciones agrarias y comunidades autónomas cuando se les requiere. Además, cuentan con dos líneas anuales de apoyo y fomento al seguro de casi un millón de euros para las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, que busca no solo difundir el seguro, sino también dar formación técnica a los propios integrantes de las organizaciones representativas del sector, como figuras cercanas a los agricultores”.

La directora del área de Producción y Comunicación de Agroseguro confirma que desde esta entidad tienen un plan de comunicación para dar a conocer el producto, pero no hay que olvidar, en cualquier caso, que se trata de una empresa de gestión, que no vende seguros: “Trabajamos y estamos en contacto constante con las aseguradoras para darles toda la información que necesitan sobre el seguro para que lo puedan distribuir por su red comercial”, confiesa. Además, están presentes en todo el territorio nacional y hacen actividades concretas en determinadas zonas relacionadas con el cultivo más importante de la misma, para garantizar que, al menos, un conocimiento generalizado de los productos de seguros llega a los mediadores locales. “Creo que se conoce bastante del seguro agrario a nivel nacional y que, muchas veces, el agricultor y ganadero toma una decisión consciente de asegurarse o no”, reitera.